Los autónomos deberán usar obligatoriamente la mediación antes de acudir al juez por algún impago
Una nueva Ley Orgánica obligará a los autónomos a acudir a la mediación en conflictos relacionados con impagos o contratos incumplidos, antes de interponer demandas judiciales. Busca agilizar los procedimientos. Los autónomos deberán mediar antes de demandar: una nueva obligación que cambiará cómo resuelven sus conflictos.
A partir de este año, los autónomos y los pequeños negocios estarán obligados a intentar resolver sus disputas mediante alguna de las formas de mediación antes de acudir a los tribunales.
Esta medida, contemplada en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, busca reducir los tiempos y costes en los procesos judiciales, además de fomentar acuerdos consensuados entre las partes.
La obligatoriedad se centra en conflictos civiles y mercantiles, como los relacionados con impagos o incumplimientos de contrato, lo que afecta directamente a muchos autónomos y pequeños negocios.
María Luisa Sanz Sánchez, directora de Agreements & Resolutions Advisors, destacó a este diario que la medida “es una de las más relevantes de la nueva ley”, y que “puede traer ventajas significativas, aunque también plantea algunos retos para los autónomos que desconocen cómo funciona este proceso”.
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La mediación es más económica y evita tener que paralizar la actividad
La mediación ofrece varios beneficios frente a la vía judicial tradicional. En palabras de esta experta, “la agilidad es uno de los mayores beneficios, ya que evita los formalismos y largos plazos que implica un juicio”. Este enfoque permite a los autónomos centrarse en su negocio, en lugar de perder tiempo y recursos en procesos judiciales interminables.
Otro aspecto positivo es el coste. Muchos autónomos no pueden permitirse los gastos asociados a un juicio, como honorarios legales y posibles costas. María Luisa Sanz señaló que “la mediación es mucho más económica y, además, evita que los pequeños negocios tengan que paralizar su actividad o, en el peor de los casos, cerrar”.
Por último, la eficacia de los acuerdos logrados mediante mediación parece otro de los puntos fuertes de esta fórmula. Al ser las partes quienes determinan la solución, suelen sentirse más comprometidas con su cumplimiento. “Si la justicia emana del pueblo, también debe permitir que los ciudadanos sean protagonistas de la solución de sus problemas», afirmó la experta.
Lo cierto es que, a pesar de los beneficios apuntados, la introducción de la mediación obligatoria trae consigo algunos problemas. Uno de los principales es el desconocimiento generalizado sobre los Mecanismos de Alternativos para Solucionar Conflictos (MASC, por sus siglas). Aunque la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles existe desde 2012, Sanz apuntó que “muchos autónomos no saben cómo funciona la mediación, ni sus costes, duración o garantías”.
Sin ir más lejos, las siglas MASC incluyen diferentes procesos:
- Mediación. En la que un tercero neutral facilita el diálogo entre las partes para que lleguen a un acuerdo por sí mismas.
- Arbitraje. Un árbitro o un panel de árbitros toma una decisión vinculante para resolver el conflicto.
- Conciliación. Un conciliador propone soluciones para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo, aunque estas no son vinculantes a menos que ambas lo acepten.
Otro obstáculo es la percepción de debilidad que algunas partes pueden asociar al hecho de acudir a mediación. Según María Luisa Sanz, “algunos creen que buscar un acuerdo fuera de los tribunales es una muestra de inferioridad», lo que puede dificultar el éxito del proceso. Por ello, resulta crucial que los mediadores generen confianza desde el inicio.
Un tercer reto es la posible utilización de la mediación como táctica dilatoria. Al paralizar los plazos judiciales mientras se intenta este método, algunas partes podrían abusar del sistema para ganar tiempo. Además, la experta subrayó que, en ciertos sectores, los autónomos enfrentan particularidades adicionales. Por ejemplo, en conflictos comerciales, algunos clientes podrían usar la mediación como excusa para retrasar pagos. “Lo cual no sucede si los mediadores son rápidos y eficientes para evitar que esta fórmula alternativa se convierta en un obstáculo más”.
Para que la mediación funcione, ayuda el tener claros los términos del conflicto y los objetivos del acuerdo.
Si no se llega a un acuerdo, los autónomos podrán seguir acudiendo a los tribunales
Para adaptarse a esta nueva obligación, María Luisa Sanz recomendó que los autónomos se informen en profundidad sobre el proceso y sus implicaciones. “Conocer en detalle qué esperar y actuar de buena fe es esencial para evitar frustraciones”, subrayó.
Una de las primeras recomendaciones es buscar mediadores o instituciones mediadoras de confianza. Esto puede hacerse a través de abogados, asesores o juzgados, asegurándose siempre de la neutralidad del profesional. “El mediador es solo un facilitador, y su imparcialidad es clave para que las partes se sientan cómodas”.
Otra recomendación es perder el miedo al fracaso del proceso. Si no se llega a un acuerdo, siempre queda la opción de acudir a un tribunal para resolver la disputa. «Lo importante es intentarlo con la disposición de resolver, sabiendo que puede ahorrar tiempo, dinero y desgaste personal”.
Además, la experta sugiere que los autónomos trabajen en su documentación previa. “Ayuda mucho el tener claros los términos del conflicto, los derechos reclamados y los objetivos del acuerdo, para que la mediación sea efectiva desde el principio”. Esta preparación puede marcar la diferencia entre un proceso exitoso y otro que termine en un tribunal.
Los jueces podrán anular las demandas si antes no se ha acudido a la mediación
El incumplimiento del requisito de mediación previa puede acarrear consecuencias significativas para los autónomos y pequeños negocios. Una de las más relevantes es la imposibilidad de presentar la demanda, ya que el tribunal puede inadmitirla si no se acredita el intento de mediación. Lo que implica retrasos y posibles perjuicios económicos para quienes no cumplan con este paso previo.
Además, las partes que se nieguen injustificadamente a participar en la mediación podrían enfrentarse a la imposición de costas procesales.
Esto incluye sanciones para quienes recurran directamente a los tribunales sin intentar una solución consensuada cuando esta era factible. Este abuso podría dar lugar a multas o decisiones judiciales desfavorables para la parte incumplidora.
Por último, el incumplimiento podría interpretarse como una violación de la buena fe procesal, afectando negativamente el desarrollo del procedimiento judicial posterior. De manera que, para los autónomos, cumplir con este requisito no sólo evita sanciones, sino que además aumenta las posibilidades de resolver el conflicto de forma ágil y económica.